En una rueda de prensa que quedó eclipsada por el segundo apagón consecutivo en Caracas, el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, informó que fueron privadas de libertad 92 personas por delitos económicos.
El anuncio se hizo este 30 de agosto desde la sede del Ministerio Público. El fiscal designado aseveró que la institución que dirige conoció 114 denuncias, de las cuales 11 se presentaron en flagrancia.
Agregó que en total fueron procesadas en tribunales 131 personas, de las cuales 70% quedaron privadas de libertad, mientras que 29 obtuvieron medidas cautelares y otras 10 la libertad plena.
Sobre los delitos por los que fueron presentados en los respectivos tribunales de control, refirió los de reventa, especulación, acaparamiento, boicot y desestabilización de la economía.
Saab manifestó que entre los privados de libertad se encuentran varios gerentes de importantes cadenas, “quienes estaban especulando y acaparando los productos de la cesta básica en perjuicio de nuestro pueblo”.
Los delitos económicos fueron aplicados en el marco de lo que el Gobierno llama “guerra económica“. Esta nueva ola de detenciones ocurren en dos semanas, justo después de que se aplicara la reconversión monetaria en Venezuela.
También ocurren paralelamente a los anuncios sobre ajustes en la economía como el aumento del salario mínimo y del Impuesto Sobre la Renta.
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Corrupción
Fue condenada a cinco años y ocho meses de prisión Nélida Izarra, exdirectora general de la Oficina para la Determinación del Crudo de Exportación de Pdvsa, por su responsabilidad en la alteración de precios de venta internacional de los crudos venezolanos realizada por la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, con sede en Viena, Austria.
Saab precisó que las modificaciones de los precios ocasionaron que Pdvsa perdiera ingresos por el orden de los 4.800 millones de dólares.
Detalló que la exdirectora admitió su responsabilidad en el hecho y resultó condenada por los delitos de peculado doloso impropio, concierto de funcionario con contratista y asociación.
La sentencia del tribunal de la causa incluye prohibición del ejercicio de cargos públicos y una multa proporcional al daño causado al erario nacional.
Por este caso se encuentran evadidos de la justicia venezolana Bernard Mommer, Irama Zulene Quiroz de Mommer y Mariana Teresa Zerpa Morloy.
Guss Producciones
El titular de la acción penal en el país también anunció que fue solicitada una orden de captura contra el presidente de la empresa Servireque Global S.A., Juan Manuel Requesens Páez, quien está vinculado con el caso de corrupción en la empresa mixta Fertilizantes Nitrogenados de Venezuela (Fertinitro).
Recordó que en este caso se encontraron múltiples irregularidades en dos contratos adjudicados a la empresa Guss Producciones, por un monto total de un 1.041.370 dólares estadounidenses, para efectuar en 2016 fiestas de fin de año para su personal.
Indicó que la presidenta de esta empresa, Alejandra Moya, se acogió a la figura de la delación, y con su testimonio se corroboró cada una de las irregularidades investigadas.
Explicó que Requesens Páez facilitó que varios contratos fueran asignados a la empresa de la imputada y por ello obtuvo 10% de cada contrato concedido, además de proveer la cuenta en dólares para los depósitos que se procesaron ilegalmente en Fertinitro, con la complicidad del gerente general, los gerentes de Recursos Humanos y Finanzas y la supervisora de Asuntos Públicos y Calidad de Vida.
Según la delación, Requesens Páez se habría quedado con una suma de 352.213 dólares americanos, que habría distribuido entre los directivos de Fertinitro.
Adicionalmente, el Fiscal designado reveló que en su gestión se han aprehendido a un total de 885 personas por delitos de corrupción, lo cual destacó como un hecho sin precedente en la historia contemporánea de Venezuela.
En cuanto al número de acusados, precisó que la cifra alcanza las 989 personas, mientras que las condenas por admisión de hechos fueron 569, y 47 en fase de juicio oral y público. Igualmente, se registraron 52 allanamientos vinculados con esta materia.
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