Con cuatro puntos se presentó la ministra para Servicios Penitenciarios, Iris Varela, ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), este martes 1 de noviembre en el segundo Examen Periódico Universal (EPU): aplicación del Nuevo Sistema Penitenciario y Disciplinario; implementación de la Orquesta Sinfónica Penitenciaria; elaboración de nuevos centros carcelarios; y la aplicación del Sistema Tecnológico de Seguridad Penitenciaria (Sitesep).
Entre estos puntos que mostró Varela, no tocó la cantidad de fallecidos dentro de las cárceles ni tampoco los reportes de muertes por inanición en los calabozos policiales y militares.
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Pasó por alto las mafias carcelarias que hacen posible la existencia de arsenales de armas, incluyendo las de guerra, dentro de los penales, como por ejemplo el que quedó grabado por los presos en San Antonio (Isla de Margarita) cuando despedían a un exlíder carcelario conocido como “El Conejo”.
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Varela omitió también los múltiples conflictos que se han suscitado en los calabozos policiales y militares, como por ejemplo el secuestro de dos funcionarios de la Policía de Táchira en el Cuartel de Prisiones de San Cristóbal el cual duró un mes y terminó con la denuncia de al menos tres casos de canibalismo.
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La investigación que se cierne sobre su gestión tampoco fue divulgada en la ONU. La comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional incluyó al Ministerio para Servicios Penitenciarios en la lista de los casos de corrupción que investigan.
Según un reportaje publicado por Runrunes “bajo el expediente #1658, se asienta la denuncia de que la titular habría cometido el delito de desviación de fondos públicos por 6 millones 465 mil dólares, equivalente a 64.655.949 bolívares”.
Lo que sí dijo
Durante la presentación del Informe de Venezuela sobre Derechos Humanos para el Examen Periódico Universal (EPU) en Ginebra, la ministra Varela dijo que se han construido y rehabilitado 29 centros penitenciarios.
De acuerdo con información oficial, de esa cantidad solo tres han sido levantados desde sus cimientos: Centro Penitenciario Agroproductivo “26 de marzo” en Portuguesa; Centro para Procesados “26 de Julio” en Guárico, Comunidad Penitenciaria Fénix en Lara y Centro de Formación del Hombre Nuevo “El Precursor” en Bolívar. Para este avance fueron invertidos 5 millardos de dólares según la ministra Varela.
El director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, quien tiene más de 10 años estudiando el fenómeno de la violencia en las cárceles venezolanas, indicó que en 2014 la ministra prometió la construcción de 24 cárceles para los reclusos procesados, aquellos que no han recibido una condena, de Caracas, Miranda, Carabobo, Monagas, Aragua, Anzoátegui y Zulia.
“Cuando habla de construcción de cárceles ella se refiere a la remodelación de espacios dentro de los centros que ya existen y no a la creación de estructuras adecuadas con los requerimientos internacionales para albergar a privados de libertad”, precisó Prado en julio de 2016 a Efecto Cocuyo.
Varela también informó a la ONU que bajo su gestión se implementó el Nuevo Sistema Penitenciario y Disciplinario o Nuevo Régimen, como se le conoce en el país, y que tiene 98% de los centros de hombres adultos controlados por el Ministerio, además de 100% de los penales que albergan a mujeres y adolescentes.
Sobre este punto, destacó las posibilidades de formación, recreación y producción tanto a los reclusos como a sus familiares. Mencionó que la Orquesta Sinfónica Penitenciaria cuenta ocho núcleos.
Sin embargo, en los últimos años en centros con el Nuevo Régimen se han suscitado secuestro de personal del Ministerio y de reclusos como forma de protesta para denunciar la falta de una política de alimentación adecuada y los retardos procesales.
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Y también habló del Sistema Tecnológico de Seguridad Penitenciaria (Sitesep), que permite monitorear en tiempo real los centros penales del país y sus alrededores. Explicó que este plan que incluye una inversión estatal de 165 millones de dólares y se ha aplicado en 18 centros penitenciarios, según una fuente del Ministerio.
Denuncias recogidas por Efecto Cocuyo muestran cómo este año desde los calabozos policiales y militares se efectúan llamadas extorsivas desde teléfonos celulares. Estos sitios son centros de detención preventiva en los que, según las leyes venezolanas, los detenidos no deberían pasar más de 72 horas recluidos.
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“El Ejecutivo ha intentado volcar sobre los calabozos los problemas carcelarios, para decir que esa no es su competencia, pues las celdas de detención preventiva cae en la responsabilidad de los Gobiernos regionales o locales. Pero como Estado, el Ejecutivo es responsable tanto de los centros penitenciarios como de los calabazos”, precisó a Efecto Cocuyo, el director del OVP.