El tribunal 3° de Control de la jurisdicción militar envió a once civiles a una cárcel militar ubicada en la población de Santa Ana, estado Táchira, a 915 kilómetros de distancia de esa sede judicial. Los afectados por esta decisión fueron Vasco Da Costa, José Luis Santamaría Vargas, Pedro Rafael Urbina, Régulo Castro, Yorfran Jesús Quintero, Luis Felipe Leal, Alonso José Mora Alonso, Erick Anderson Villalba Suárez, Sthefanie Madalenes Chávez Martínez y Carlos Aristimuño.
Guillermo Heredia, defensor de Da Costa, dijo que estas personas fueron imputadas por traición a la patria, rebelión militar, instigación a la rebelión, sustracción de elementos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y ultraje a la Fanb.
Esta decisión se produjo el viernes 20 de abril, cuatro días después de la detención de estas personas, por lo que sus abogados denunciaron la violación del debido proceso ante el juez del tribunal. Además solicitaron que a sus defendidos se les practicara un examen forense para dejar constancia de los golpes y tratos crueles a los que fueron sometidos durante su detención.
“Las muñecas las tienen destrozadas porque les pusieron las esposas y los colgaron en un poste. Voy a verificar el lunes si se ejecutó la orden del juez sobre la revisión médica”, apuntó Heredia.
“Por razones humanitarias, se pidió que el lugar de reclusión fuese cercano a las familias; pero el juez explicó que el más cercano es la cárcel de Ramo Verde (estado Miranda) y se encontraba hacinado, al igual que las celdas en (la cárcel de) Monagas“, expuso Heredia, quien aseguró que el Centro para Procesados Militares de Santa Ana (Táchira) fue la opción “más razonable”.
Estas 10 personas fueron detenidas en un procedimiento de la llamada “Operación Gedeón II” el 16 de abril de este año. Sus parientes denunciaron que fueron sacados a la fuerza de sus viviendas por hombres que solo portaban un uniforme con las siglas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), pero que no mostraron una orden de captura firmada por un tribunal.
De ellos no se supo nada más hasta el 18 de abril, cuando el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó que habían sido detenidos por pertenecer a una “célula terrorista” que pretendía crear “actos de conmoción y evitar el ejercicio político de ejercer libremente y en paz el nuevo proceso de elecciones”.
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