El nuevo centro de detención para migrantes indocumentados en Estados Unidos que se instaló en los Everglades, Florida, conocido como “Alligator Alcatraz”, sigue generando críticas entre los defensores de los derechos humanos.
Laura Dib, directora del programa para Venezuela de Wola (Washington Office on Latin America), fue entrevistada en el programa #ConLaLuz, de Efecto Cocuyo, este 8 de julio de 2025, donde habló sobre esta polémica iniciativa del Gobierno de EU. UU.
Durante su conversación con Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, Dib advirtió que los discursos relacionados con este centro, impulsado por el presidente Donald Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, “aumentan el sentimiento antinmigrante” en ese país.
Además, criticó el presupuesto para seguridad nacional, que prioriza deportaciones masivas, y cuestionó la asignación de recursos para este tipo de iniciativas.
Cárcel deshumanizada
El centro, inaugurado el 1 de julio, fue construido en tiempo récord de ocho días en una antigua pista de aterrizaje a 50 millas de Miami. Dib destacó que las instalaciones, descritas como carpas improvisadas, no cumplen con condiciones mínimas para albergar personas, exponiéndolas a inclemencias climáticas y a un ecosistema frágil habitado por fauna peligrosa, como caimanes.
«Este entorno, sumado al nombre que evoca la prisión de máxima seguridad de Alcatraz, refuerza una narrativa que criminaliza y deshumaniza a los migrantes, presentándolos como amenaza. Es una medida absolutamente deshumanizante”, afirmó Dib.
La activista indicó que la detención migratoria debe ser excepcional y proporcional, según estándares internacionales de derechos humanos. «Sin embargo, en Alligator Alcatraz” se detiene a migrantes, incluidos aquellos que buscan protección internacional, por faltas administrativas, no por delitos penales», añadió.
Dib también señaló que el acceso al centro ha sido restringido, incluso para legisladores estatales de Florida, quienes tienen derecho legal a supervisar estas instalaciones.
«El 3 de julio, se reportó el traslado de migrantes al lugar, pero las autoridades han negado información sobre su estado. Organizaciones de derechos humanos y congresistas han exigido inspecciones, incluyendo una carta al Departamento de Seguridad Nacional, para que su unidad de derechos civiles investigue las condiciones», expuso.
Política antimigrantes
El programa también abordó el impacto regional de estas políticas, mencionando el caso de venezolanos detenidos en El Salvador, incomunicados, y la persecución de organizaciones como Cristosal, cuya abogada Ruth López enfrenta cargos injustos de corrupción.
Dib destacó la erosión democrática en El Salvador, que dificulta el monitoreo de violaciones de derechos humanos. En el contexto estadounidense, Dib criticó el presupuesto de 165 mil millones de dólares aprobado para el Departamento de Seguridad Nacional, destinado a fortalecer el control migratorio con 10.000 nuevos agentes y la capacidad de detener a 100.000 migrantes diariamente.
Esto, según la experta, «contrasta con el aporte económico de los migrantes regularizados, como los más de 700.000 venezolanos con estatus legal en EE. UU., y refleja una política antinmigrante impulsada desde la administración de Donald Trump».
Subrayó que organizaciones como Wola han propuesto comparar el gasto en control migratorio con los beneficios económicos de la regularización, abogando por una reforma migratoria que respete la dignidad humana y el debido proceso.
La emisión de #ConLaLuz cerró con un llamado a la reflexión sobre la dignidad humana como principio fundamental, instando al periodismo y a las organizaciones de derechos humanos a combatir narrativas que estigmatizan a los migrantes.