De ser aprobada -en segunda discusión- la Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el Presidente de la República tendría que demostrar, en una audiencia pública, la inconstitucionalidad de cualquier ley sancionada por la Asamblea Nacional.
La AN incorporó un artículo nuevo, el 146, en el proyecto de ley para establecer que cuando la Sala Constitucional reciba una solicitud del Presidente para evaluar la legalidad de una normativa deberá citar a la Asamblea Nacional, en un lapso de tres días, y fijar una audiencia pública para que el Jefe de Estado o el funcionario que lo represente exponga sus argumentos con pruebas.
Actualmente, el mandatario nacional solo remite la norma y espera el pronunciamiento del órgano judicial que tiene 15 días para hacerlo de acuerdo con el 214 constitucional.
El artículo 145 de la Ley del TSJ vigente incluye esta solicitud presidencial en las causas que no están sujetas a sustanciación. Esto quiere decir que la petición no amerita proceso alguno, sino que es expedita. Pero el borrador que promueve el Parlamento suprime esta condición.
“Lo que pretenden con la modificación del 145 es defenderse de la agresión permanente vía Sala Constitucional, porque es evidente que el recurso permanente del Ejecutivo es el alegato de inconstitucionalidad y al excluirla de las causas que no requieren sustanciación se impone un procedimiento”, explicó la exmagistrada Blanca Rosa Mármol de León.
El aumento sustancial de los miembros que integran la Sala Constitucional de 7 a 15 magistrados es otra de las reformas que salta a la vista y genera opiniones encontradas entre los especialistas.
Para Mármol de León, es un error sumar juristas porque “el Tribunal es un sistema faraónico”. “Esta decisión es la mejor definición de una pesadilla. Creo que lo que se ha debido hacer es solicitar las credenciales de cada jurista para saber si es apto o no para desempeñar el cargo. Agregar nuevos magistrados en un país depauperado significa un gasto enorme porque cada uno requiere de abogados relatores, de un secretario, de un chofer, es una oficina en sí misma”, señaló.
Pero el abogado Juan Carlos Aptiz no piensa lo mismo. El constitucionalista consideró que la única salida para “equilibrar la balanza” dentro de la sala es reconfigurar el número de miembros. “El mismo Tribunal cerró la posibilidad de que la AN corrigiera el procedimiento viciado de los magistrados que fueron elegidos en diciembre. Se trata de una medida puntual de la AN para rescatar la independencia del TSJ”, afirmó.
La legislatura pasada, con mayoría rojita, agregó 12 magistrados más a los 20 que integraban las seis salas en 2010. En ese momento los detractores de la medida aseguraban que el poder se inclinaría a favor del chavismo, pero el entonces presidente del máximo tribunal, Iván Guillermo Rincón, alegó que buscaban aliviar las tareas administrativas.
Un argumento parecido plantea hoy la bancada de oposición. El diputado y constitucionalista Juan Miguel Matheus señaló que “quieren agilizar la justicia y defender la Constitución”, aunque dejó claro que no persiguen cuotas de poder.
La reforma de la ley plantea dos modificaciones más: la disposición segunda establece que el comité de postulaciones judiciales debe ser disuelto y renovado y la disposición final determina que la mayoría absoluta será la mitad más uno de los magistrados que integran la Sala Constitucional; es decir, ocho juristas, los mismos que se incorporarían.