Fueron diez las casas que se redujeron a cenizas, polvo y escombros en la Cota 905. Otras cinco también resultaron afectadas, con sus paredes aún teñidas de negro por el incendio que, según los vecinos, fue causado por la policía en un procedimiento irregular. Ese viernes 25 de septiembre, una mujer fue trasladada a un hospital desmayada por el humo y el susto. Ninguna persona falleció, pero algunos perros callejeros no corrieron con la misma suerte: animales que día y noche merodeaban por el sector El Plan quedaron calcinados entre las pertenencias de quienes ahora están “arrimados”, y hasta con ropa prestada, en casa de otros vecinos.
La primera versión indicaba que eran ocho las viviendas quemadas. Cuando el Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital logró apagar el fuego y al día siguiente, cuando la humareda bajó, los vecinos pudieron contabilizar los daños de esas casas improvisadas, la mayoría con techos de zinc, que se atiborran unas sobre otras, en aquel cerro con una vista privilegiada de Caracas.
Se quejaron de una información que circuló en el diario Últimas Noticias, que señalaba que eran siete las viviendas afectadas destruidas por las llamas, además de un Pdval, “durante un enfrentamiento ocurrido la tarde-noche entre presuntos pandilleros y efectivos policiales, que regresaron al cerro con orden de darle protección a la comunidad”. Eso es falso, primero porque no hubo enfrentamiento ese día. Segundo porque aquí no hay ningún Pdval. Lo que hay es un Mercal que además está cerrado desde hace 15 días por todos estos problemas y queda más arriba, en Las Quintas. El fuego no llegó hasta allá”, advirtió Zenaida Contreras este miércoles 30 de septiembre.
Después del susto, la señora Flor María Amador cuenta cómo fue que paró en un hospital: “Yo estaba trabajando, ganándome el pan de cada día cuando mi nieto pequeño me llamó llorando y desesperado para decirme que unos policías se habían metido a la casa. A mí me iba dando algo y me vine corriendo para acá. Me dijo que tumbaron la puerta y que llegaron preguntando por los malandros. ¿Cómo le vas a preguntar a un niño eso? Es un abuso. Bueno, y cuando llegué, que vi aquel candelero, caí al piso y no supe más de mí”. Ni siquiera supo a cuál hospital la llevó la ambulancia y hoy aún no lo sabe. “No sé, yo sólo preguntaba si mis tres nietos estaban bien, no quería volver a pasar por la misma tristeza”, dice, mientras recuerda que nueve meses atrás perdió a uno de sus hijos en una balacera en el barrio y a otro nieto, que cayó acribillado cerca de Las Minas de Baruta.
Una vecina que prefiere no revelar su nombre, pues es de las pocas que presenció el primer estallido en fuego, narra lo que vio: “Los policías vinieron, eran muchos, yo los vi desde la ventana, se metieron a una casa, sacaron a una mujer y le preguntaban dónde estaba el marido porque lo culpaban de malandro. A ella se la llevaron esposada y salieron corriendo y de pronto ¡pum! Yo me agaché, porque pensé que se iba a prender el tiroteo otra vez; pero cuando me asomo, veo que una de las casas está empezando a agarrar candela. Fue horrible. Y ¡pum! ¡pum!, seguían los estallidos. Yo no sé que era, no sé si fue que lanzaron una granada y así fue como salió el fuego. No sé. Pero salí corriendo con mi bebé en brazos y menos mal, porque cuando pudimos volver, de mi casa ya no quedaba nada. Lo perdí todo”.
Karina Andrade, madre de un bebé de 11 meses, es otra de las que perdió su casa y asegura que, en un procedimiento anterior, los funcionarios policiales intentaron hacer lo mismo. “En una de esas veces que subieron hasta acá se metieron a mi casa y me destruyeron unos papeles y me desordenaron todo. Yo no estaba, pero cuando llegué me conseguí con ese desastre. Vi que enchufaron mi plancha de pelo y me la pusieron sobre el colchón. Lo que querían era que se me incendiara mi rancho. Esa vez no lo lograron y pero ahora sí y gracias a Dios de nuevo yo no estaba, pero me quemaron todo y hasta la poceta explotó”.
Cinco días después de que los vecinos del sector El Plan de la Cota 905 vivieran una pesadilla por la candela y no por las balas, imploran algún tipo de ayuda a las autoridades. “Protección Civil se lava las manos. Hicimos las averiguaciones para que nos asignen a un refugio, pero nos dijeron que todos estaban full. Pasa esto y el Gobierno no voltea a ver para acá si no es para mandar a la policía a que nos roben nuestras pertenencias, nos acaben nuestras casas y nos maten a todos”, se queja Ana Jaimes. Su hijo fue uno de los detenidos el pasado 13 de julio, cuando un batallón militar protagonizó la primera jornada de las denominadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), un procedimiento que se ha repetido en 12 estados del país, en 21 sectores, con un saldo de 27 bandas delictivas desarticuladas y 52 presuntos delincuentes abatidos, según el balance de agosto del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López.
Los lugareños aseguran que ningún alto funcionario del Gobierno ha acudido a la zona a verificar la situación. La única persona cercana al Ejecutivo que se ha comunicado por teléfono es el exviceministro de Política Interior y Seguridad Ciudadana, José Vicente Rangel Ávalos, promotor de las llamadas “Zonas de Paz” y comisionado para tratar de desarmar a las bandas delictivas. “Todavía tenemos contacto con él, desde la primera vez que vino para acá. Esperamos que venga a visitarnos de nuevo”, dijo una vecina.