Luego de la orden emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que las obliga a acatar los lineamientos de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu) en relación con el Sistema Nacional de Ingreso (SNI), las universidades autónomas se encuentran evaluando las medidas a tomar una vez que sean inscritos todos los asignados por Opsu y los que quedaron a través de los métodos tradicionales.
Desde la comisión del vicerrectorado académico de la UCV encargado de estudiar las admisiones Opsu 2015, propusieron poner en práctica un programa especial dividido en dos etapas, que permita generar en la nueva oleada de ingresos un sentido de pertenencia de la universidad y una nivelación académica para afrontar las exigencias académicas. La primera fase se repartirá en tres semanas de eventos, conferencias y visitas guiadas, y la segunda será un propedéutico voluntario e intensivo basado en el programa Samuel Robinson.
“El estudiante podrá ingresar voluntariamente y presentar una evaluación diagnóstica para medir las competencias básicas que tiene. Si la persona aprueba pasa directamente a la carrera, si no tiene las competencias se le recomienda ingresar a un programa de formación donde hemos considerado dos componentes: competencia genérica, disposición al aprendizaje, razonamiento lógico, competencias de oral y escritas, y el otro aspecto depende de la carrera” , explicó Carlos Falcón perteneciente a la Comisión de Admisión.
Recalcó que la intención con esta proposición es evitar el fracaso, teniendo en cuenta que la posición del consejo universitario es aceptar a los 6.748 asignados por SNI y los admitidos por pruebas, convenios, etc.
Falcón mencionó que esta proposición fue presentada a las autoridades y al Consejo Universitario este 14 de julio y, aunque tuvo aceptación por parte de muchas autoridades, los voceros de la Federación de Centro de Estudiantes de la UCV (FCU) expresaron su rechazo.
Academias contra la medida
Las academias de Medicina; Ciencias Políticas y Sociales; Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales; Ciencias Económicas; Ingeniería y Hábitat calificaron al nuevo sistema impulsado por la Opsu de inconstitucional e ilegal. En el pronunciamiento al que se suscribieron el 15 de julio, resaltaron que este método constituye un grave riesgo para la calidad de la educación universitaria venezolana.
Afirman al respecto que el artículo 109 de la Constitución expone que la autonomía universitaria, como garantía institucional, ampara la obligación de las universidades a decidir sobre la admisión de los nuevos alumnos, lo cual se ejerce por órgano del respectivo Consejo Universitario, de acuerdo con la Ley de Universidades. Aseguran que esa competencia ha sido usurpada por la Opsu, que asumió la decisión sobre la admisión de los nuevos estudiantes.