A un día de celebrarse la Toma de Caracas, la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado donde denuncia el aumento de los actos represivos por parte del Gobierno. Detenciones arbitrarias y traslados de presos políticos sin previo aviso son algunas de las medidas que menciona el organismo internacional como parte de lo que señala es un plan para intimidar a la población.
“Se han recibido denuncias que demuestran el recrudecimiento de la represión y de las violaciones de derechos humanos“, indica el documento publicado por la OEA la noche del pasado martes, 30 de agosto. Firmado por la Secretaría General del organismo, denuncia que se pretende criminalizar la protesta y la actuación de diputados y activistas de la sociedad civil. A su vez, advierte que se amenaza con inhabilitar partidos políticos.
Añade que este tipo de acciones “dejan serias dudas de que al gobierno venezolano le interese un diálogo serio y constructivo para salir de la crisis en la que ha sumergido” al país.
Entre los actos que la OEA califica como arbitrarios e impunes menciona el traslado del excalde de Táchira, Daniel Ceballos, a la cárcel 26 de Julio; el traslado de los activistas de Voluntad Popular, Gabriel San Miguel y Francisco Márquez, a Tocuyito; la detención de Yon Goicoechea; la orden de aprehensión del alcalde del municipio Maturín, Werner Jiménez; las órdenes de allanamiento del diputado Lester Toledo y del alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry, Delson Guarate, entre otros.
“Se llama al inmediato cese de las medidas arbitrarias e impunes que tienen como objetivo deliberado la intimidación de líderes opositores y de la población en general a escasas horas de la marcha prevista”, apunta el comunicado.
Agrega que “maniobras” como la convocatoria de otras movilizaciones oficialistas para el próximo jueves buscan generar un clima de confrontación y crispación.
La OEA asegura que las medidas asumidas por el Gobierno venezolano “forman parte de una acción sistémica apoyada en mecanismos de represión del Estado que violan absolutamente las libertades fundamentales del pueblo venezolano”.
Indica también que las acciones mencionadas contradicen los principios y valores democráticos y definen al Gobierno “como una dictadura que viola sistemáticamente los derechos humanos“.
El documento exhorta a los titulares de cargos gubernamentales y a las fuerzas de seguridad del Estado a garantizar el derecho a la vida, a la seguridad y a la integridad. De lo contrario, señala el comunicado, serán responsables ante las instancias políticas y jurisdiccionales “por el resultado de sus acciones u omisiones”, tanto nacional como internacionalmente.