Un centro de detención policial está diseñado para albergar a personas que fueron capturadas por el cuerpo de seguridad hasta que un tribunal decida si éstas deben ser privadas de libertad, mientras continúa su proceso judicial. Allí no deben permanecer más de 72 horas según la legislación venezolana; pero en el retén de la Policía del estado Amazonas había 105 aprehendidos de los cuales 33 tenían una sentencia; es decir su proceso había terminado.
Esta es la información que maneja la organización civil que vela por los derechos humanos de los detenidos, Una Ventana a la Libertad, la cual denunció que el procedimiento de intervención de este centro de detención preventiva se convirtió en “una masacre“.
El procedimiento policial y militar ocurrió entre martes 15 de agosto y el miércoles 16, y según un listado que obtuvo la ONG se produjeron 39 muertes de privados de libertad y las lesiones que afectaron a seis funcionarios de seguridad que participaron en el operativo.
Este jueves, 17 de agosto, el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, responsabilizó al gobernador de la entidad, Liborio Guarulla, de la situación irregular que se presentó este miércoles en el retén judicial, bajo la custodia de la Gobernación de Amazonas.
“Reverol se olvida que en enero esa policía fue intervenida por su Ministerio y que los hombres que participaron en la toma están bajo su mando”, expuso Carlos Nieto Palma, director de Una Ventana para la Libertad. Sin embargo, enfatizó que la responsabilidad por las malas condiciones en las que se encontraba ese recinto de aprehendidos y también de la muerte de casi cuatro decenas de personas es del Ministerio para Servicios Penitenciarios.
Liborio Guarulla ya había denunciado la situación de hacinamiento en la que se encontraba ese retén: “Intervienen la policía pero no quieren recibir a los detenidos, donde hay hacinamiento por culpa del Gobierno nacional. Una cosa va con la otra”, escribió el gobernador el 10 de julio en su cuenta en Twitter.
“En la Gaceta Oficial con la que se creó su creación y en el Código Orgánico Penitenciario está establecido que este ente debe garantizar los derechos de todos los privados de libertad, procesados y penados. Pero ayer declararon a un medio internacional que ellos (Ministerio Penitenciario) no tenía responsabilidad en el hecho porque el penal era responsabilidad de la Gobernación”, manifestó el abogado defensor de derechos humanos.
La intervención comenzó el 31 de enero de este año cuando el Ministerio ejecutó la Gaceta Oficial N° 41.082 publicada seis días antes en la que se justificaba ese procedimiento por la presunta participación masiva y continuada de sus funcionarios en hechos de violación de derechos humanos.
Se estipuló que en el proceso de intervención, los funcionarios del cuerpo policial no adquirirán porte de armas, municiones ni equipamiento básico.
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