Funcionarios cometieron ocho delitos en incursión a Los Verdes

“El hogar doméstico y todo recinto privado de persona son inviolables. No podrán ser allanados sino mediante orden judicial, para impedir la perpetración de un delito o para cumplir, de acuerdo con la ley”. Este es el artículo 47 de la Constitución de 1999 y es parte de los derechos que los cuerpos de seguridad del Estado violaron en la incursión militar y policial ocurrida el martes 13 de junio en el Conjunto Residencial El Paraíso en Caracas.

De acuerdo con Joel García, abogado penalista y defensor de los derechos humanos, son ocho los delitos cometidos por los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional Bolivariana (Sebin), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Dirección Contra Inteligencia Militar (Dgcim).

“Irrumpieron con tanquetas y vehículos blindados a las instalaciones del Conjunto Residencial El Paraíso, conocido como Los Verdes (…) reventaron los dos portones de acceso (…) y con sus tanquetas llegaron hasta las zonas verdes (parque infantil) y peatonales desplegando hombres armados que disparaban sin mayor preocupación contra personas que corrían y contra los apartamentos. En los pisos bajos rompieron ventanas al disparar lacrimógenas contra los apartamentos”.

Solo en este testimonio recogido por Efecto Cocuyo, se evidencia la violación del derecho constitucional de la inviolabilidad del domicilio, además del uso indebido de arma orgánica, ya sean carabinas de gases lacrimógenos o perdigones, delito contemplado en la Ley para el Desarme y Control de Municiones.

“Buscaban a los chamos, a los jóvenes que se encontraban protestando y que, según dijeron, habrían herido a tres funcionarios de la GNB días antes. Para ello, ingresaron a los edificios de las primeras etapas, cortaron la luz progresivamente en las torres y revisaron apartamentos en los que presumían se encontraban éstos. Al no hallarlos, se llevaron pertenencias como dinero en efectivo, laptops, tabletas, entre otros enseres”.

De esta búsqueda resultaron 23 jóvenes detenidos, de los cuales 17 quedaron privados de libertad. Esto constituye una privación ilegítima de la libertad, pues no se trataba de un procedimiento in fraganti y no contaban con orden de allanamiento o captura, penado en el Código Penal Venezolano, al igual que en los delitos de hurto y robo. Todos estos tienen una agravante genérica, lo cual lleva la pena de estas violaciones a su máxima condena, pues quienes cometieron la falta se trataban de funcionarios que abusaron de su autoridad.

“A una señora de la primera etapa le fue peor. Abrió la puerta y cuando el “funcionario” ingresó, la perrita ladró. Acto seguido la mascota recibió un disparo en el ojo, y quedó muerta cerca de su dueña”.

Se trata de la señora Yasmín Navarro quien en otros medios de comunicación indicó que que le hicieron vejaciones verbales como “vieja sinvergüenza” y amenazas de abusar sexualmente de su familia. Esto es trato cruel, inhumano o degradante tipificado en la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o degradantes.

“En los estacionamientos, unos 150 carros sufrieron la saña de estos hombres quienes dispararon contra los vehículos, rompieron ventanas y extrajeron reproductores, baterías, cauchos, pantallas y hasta las computadoras de los carros. Tuvieron tiempo para armarse de repuestos de carros y motos”.

El desvalijamiento de vehículos se contempla la Ley sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, mientras que el delito de daño violento a la propiedad se encuentra tipificado en el Código Penal.

Lea más en: La venganza contra Los Verdes

No es una práctica nueva

Este 2017 la intervención policial y militar en residencias por causas políticas se constituyen en una práctica de terrorismo de Estado, según especialistas en la protección de derechos humanos.

La sistematización  de la práctica en diferentes sitios del país es una de las razones que tanto Inti Rodríguez de Provea como el profesor universitario Jesús Ollarves.

De acuerdo con un comunicado de la ONG Cofavic, en Mérida han sido afectados los sectores El Campito y la avenida Cardenal Quintero. En Lara, vecinos de la urbanización Sucre, ubicada en la avenida Libertador de Barquisimeto, denunciaron las horas de terror vividas por ataques ejecutados por presuntos funcionarios de la GNB. Esto ha sido denunciado por habitantes de las residencias Altavista, ubicada en la avenida Ferrero Tamayo de San Cristóbal, Táchira. En Carabobo, Zulia y Monagas hay casos similares.

En el Área Metropolitana de Caracas, se han registrado ataques directos con bombas lacrimógenas, disparos y destrozos en residencias de El Valle, El Paraíso, Montalbán, Palo Verde, Petare, avenida Victoria, Candelaria, San Bernardino, San Martín, La Vega, La Urbina, El Llanito así como en San Antonio de Los Altos, ubicado en el estado Miranda, entre otros sectores.

“Tenemos estos allanamientos ilegales en los que subyace es una práctica de terrorismo de Estado, porque a parte del castigo a quienes están protestando, se busca generar terror a la población. Si tu protestas me meto en lo más sagrado que tienes en tu vida: tu casa”, explicó Rodríguez. 

Dijo que este tipo de actuaciones policiales no son especiales para perseguir a manifestantes, pues desde 2015 la Operación Liberación y Protección al Pueblo (OLP) incurre en estos delitos. Estableció los siguientes paralelismos:

• Allanamientos ilegales, sin orden judicial y sin presencia de fiscales
• Destrozos a la propiedad privada
• Ejecución de robos y hurtos
• Amenazas y amenazas a las familias
• Participación de civiles armados identificados con el Gobierno

Aunque el profesor Ollarves no coinciden con Rodríguez en estas semejanzas, pues asegura que es distinto una política de mano dura al terrorismo de Estado en el que incurre el Gobierno, sí coincide en rechazar la participación de civiles armados en estos allanamientos ilegales.

“Se trata de una política que ha quedado develada ante la opinión pública, donde los funcionarios del Estado irrumpen en el domicilio, ocasionan graves daños a las personas y a los bienes. Actuaron como se tratara de una pesca de arrastre. Pero no solo eso sino que usaron a civiles armados, quienes actuaron con permisividad del Estado”, manifestó Ollarves.

El especialista precisó que estos delitos deben ser sancionados, no solo el conjunto de delitos cometidos sino también las violaciones de derechos humanas. Especifica que se debe prever la responsabilidad de la cadena de mando y la determinación de las órdenes superiores que recibieron los funcionarios.

¿Qué hacer si pasa en mi comunidad?

El especialista en derechos humanos, Inti Rodríguez, recomendó a los ciudadanos que son víctimas de estos procedimientos irregualres acudir a una organización civil que trabaje estas violaciones como Provea, la cual dirige, y Cofavic.

“De esta forma, las víctimas no se sentirán solas, podrán tener asesoría en el camino legal y apoyo psicológico correspondiente”, explicó.

Agregó también que es necesario identificar el grupo que ingresó a la vivienda, ya sean civiles armados o cuerpos de seguridad. Tomar fotos y videos es necesario para ayudar en la investigación penal.

Una vez que se tengan estos elementos, las personas pueden acudir al Ministerio Público y denunciar en la Unidad de Atención a la Víctima si los victimarios son civiles o en Derechos Fundamentales si son uniformados.

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