Sin medias tintas ni lugar a dudas. Para el abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli, el fallo emitido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la noche del 29 de marzo representa el “zarpazo final” contra el Poder Legislativo. Tras meses de “legislar en desacato” por haber incorporado a los diputados de Amazonas, el especialista advirtió que “antes la Asamblea Nacional estaba cerrada de hecho; pero ahora está cerrada de derecho”.
Dos sentencias (N° 155 y N° 156) en dos días emitió la Sala Constitucional de TSJ. La primera decisión fue publicada el martes 28 de marzo y otorga al Presidente poderes legislativos y restringe la inmunidad parlamentaria de los diputados. La segunda, con fecha del 29 de marzo, establece que la Sala Constitucional del máximo tribunal del país asumirá las funciones del Parlamento mientras este siga “en desacato”.
A su vez, la sentencia N° 156 establece “que no existe impedimento alguno para que el Ejecutivo Nacional constituya empresas mixtas”. Añade que este poder solo deberá informar a la Sala Constitucional “todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones”.
“Esto es una sentencia que busca darle más poder a Maduro para que pueda disponer de todo lo referente al tema petrolero y energético para contratar sin la autorización de la AN, como lo exige la Ley de Hidrocarburos“, advirtió Raffalli. “El TSJ está diciéndole al Ejecutivo usted puede proceder a firmar cualquier tipo de contrato o empresa mixta en materia de hidrocarburos“, añadió.
Para el constitucionalista, lo que se está produciendo actualmente es “una alteración del orden constitucional” porque un poder está asumiendo las funciones de otro cuando la Carta Magna establece las competencias de cada uno. “Esto es un golpe de Estado contra la AN“, sentenció.
Meses sin poder legislar
Por su parte, el abogado constitucionalista Gerardo Fernández indicó que el fallo del TSJ es “el clímax” de una serie de bloqueos que han venido sucediendo contra la AN desde hace meses. Lo que ha cambiado desde entonces, afirmó, es que ahora el máximo tribunal del país dice “yo soy el Estado de derecho y yo soy el que interpreta la Constitución. Si no lo acatas, yo defenderé lo que estoy creando”.
Fernández explicó que las dos sentencias son una medida en contra de la solicitud de los parlamentarios para aplicar la Carta Democrática Interamericana, mecanismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA). “Ahora los diputados que piden su aplicación incurren en una traición a la patria“, apuntó sobre las declaraciones hechas por los dirigentes del chavismo.
Indicó que la sentencia N° 155 limita la inmunidad parlamentaria y da licencia para que se intensifiquen el terror y la persecución. En el fallo, la Sala Constitucional establece que asumirá el rol de la AN y, de no poder hacerlo, lo haría el organismo que esta decidiere. “Yo no llamo a esta decisión sentencia, sino proclama política. Es una actuación de facto, de hecho”, advirtió.
Entre el tribunal y la pared
Ningún mecanismo por la vía legal le queda a la oposición para hacer frente a las dos sentencias que despojan a la AN de sus atribuciones. Raffalli explicó que lo único que tiene el Poder Legislativo para hacerse de nuevo con sus competencias es la de la protesta y la presión interna. “Aquí no hay ningún acto jurídico adicional posible, no hay ninguna vía legal para restablecer el orden constitucional a través de una orden judicial”, explicó.
Sin embargo, aseguró que la actuación del Gobierno a través del máximo tribunal del país convertirá a Venezuela en una especie de “país paria”. “Ahora somos un país sin Parlamento y en un país sin Parlamento no hay democracia“, dijo. También aseguró que espera que la comunidad internacional se pronuncie en cadena para ejercer presión.
Menos de 24 horas después de que el TSJ anunciara que asumirá las competencias de la AN, Perú informó que retirará a su embajador en Venezuela por haberse interrumpido el orden constitucional. Por su parte, México alertó que la decisión del Judicial “atenta contra los valores de la democracia”.
Fernández añadió que, con la sentencia N° 156, el TSJ pretendía resolver el aspecto económico sin que los contratos con empresas trasnacionales pasaran por la AN. No obstante, apuntó que los inversionistas estarán menos tranquilos ante el riesgo de que los acuerdos sean desconocidos en un futuro.
“Lo que estamos viendo es la disolución de la AN. Esto es una nueva versión de cómo dar un golpe de Estado“, aseguró Fernández. “Hoy más que nunca se justifica la aplicación de la Carta Democrática“.